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La Contraloría General de la República representa la resolución del Servicio de Registr…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República representa la resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación, que había sancionado a funcionarios por faltas cometidas en diciembre de 2006. El organismo concluye que la acción disciplinaria se encontraba prescrita: entre la comisión de las faltas y la formulación de cargos transcurrieron más de tres años, y luego, tras dos calificaciones funcionarias sin sanción, el plazo continuó corriendo hasta la resolución de término, superando los cuatro años exigidos por el artículo 158 de la ley N° 18.834. Por ello, dispone dejar sin efecto la sanción y emitir el acto que corresponda. Además, advierte la excesiva tardanza del sumario, iniciado en 2007 y terminado en 2012, y ordena instruir un procedimiento para determinar eventuales responsabilidades.

Normas citadas

  • ley 18834 art/157 lt/d
  • ley 18834 art/158
  • ley 18834 art/159
  • res 1600/2008 CONTR art/7 num/7/2/3 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Prescribe la acción disciplinaria contra un funcionario público si pasan más de cuatro años desde la falta sin resolución final?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la acción disciplinaria estaba prescrita, porque entre las faltas y la formulación de cargos pasaron más de tres años, y el plazo siguió corriendo tras dos calificaciones sin sanción, superando los cuatro años del artículo 158 de la ley N° 18.834.

¿Qué consecuencia tiene una sanción disciplinaria aplicada a un funcionario público cuando la acción ya estaba prescrita?

En este caso, la Contraloría dispuso dejar sin efecto la sanción aplicada por el Servicio de Registro Civil e Identificación y ordenó emitir el acto que corresponda, al considerar que la acción disciplinaria se encontraba prescrita.

¿Puede la Contraloría investigar la demora excesiva de un sumario administrativo?

En este caso, la Contraloría advirtió la excesiva tardanza de un sumario iniciado en 2007 y terminado en 2012, y ordenó instruir un procedimiento para determinar eventuales responsabilidades.

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