Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 35, de 2010, de la Dirección del Trabajo, que aplicó al término de un sumario administrativo las medidas disciplinarias de censura y multa equivalente al 10 por ciento de la remuneración mensual a dos funcionarias del organismo, por estimar que la resolución se ajustaba a derecho. Con todo, el órgano contralor advirtió que el reverso de algunas hojas de la resolución y de las fojas del expediente sumarial no estaban inutilizadas con la firma y timbre del ministro de fe, como exige su jurisprudencia (dictámenes N°s 34.209, de 2004, y 24.230, de 2005), por lo que ordenó adoptar en el futuro las medidas necesarias para efectuar dicha inutilización en casos similares.