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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que cuestionaba el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en cuanto limita la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad, por considerar que vulneraba la proporcionalidad de las penas, el debido proceso y la igualdad ante la ley. Sin embargo, la parte resolutiva decidió rechazar el requerimiento, sin entrar al fondo de los cuestionamientos planteados. Para ello, el Tribunal razonó sobre la ultraactividad de la ley penal más favorable, señalando que corresponde al juez de fondo calificar si existe dicha ultraactividad, y que el recurso de inaplicabilidad sólo procede en casos en que se desconozca manifiestamente el principio de legalidad penal del artículo 19 N° 3 de la Constitución. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 18, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la pena

Preguntas frecuentes

¿Quién debe calificar si existe ultraactividad de la ley penal más favorable en un caso concreto?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que corresponde al juez de fondo calificar si existe ultraactividad de la ley penal más favorable, y no al Tribunal en sede de inaplicabilidad. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar la proporcionalidad de las penas mediante un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal no resolvió el fondo sobre la proporcionalidad de las penas, sino que rechazó el requerimiento porque no se configuró un desconocimiento manifiesto del principio de legalidad penal. La cuestión de proporcionalidad quedó sin pronunciamiento de fondo.

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