Una funcionaria a contrata interpuso recurso de protección contra la Municipalidad de L…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
Una funcionaria a contrata interpuso recurso de protección contra la Municipalidad de Lo Prado por la no renovación de su contrato, alegando vulneración de las garantías de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución. La Corte Suprema constató que el vínculo superaba los cinco años, pero que el empleo a contrata es de naturaleza transitoria y renovable anualmente. Analizó la Ley N°18.834 y la Ley N°19.880, que exigen motivación suficiente, y concluyó que la autoridad expresó razones objetivas: la renuncia del funcionario para quien la recurrente prestaba funciones exclusivas, lo que volvió innecesarios sus servicios. Al estimar que el acto estaba debidamente fundado y dentro de sus facultades, la Corte determinó que no era ilegal ni arbitrario, por lo que rechazó el recurso.
Normas citadas
Ley N° 18.834
Ley N° 19.880
Ley N° 18.883
Artículo 11 de la ley N° 19.880
contrataconfianza legítimamotivación del acto administrativoderechos constitucionalesrecurso de protecciónLey 18.834Ley 19.880
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio no renovar el contrato de una funcionaria a contrata que lleva más de cinco años trabajando?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el empleo a contrata es transitorio y renovable anualmente, por lo que la antigüedad no obliga a renovarlo. Agregó que la no renovación fue válida porque la autoridad expresó razones objetivas y fundadas.
¿Qué motivos pueden justificar la no renovación de un contrato a contrata en el sector público?
En este caso, la Corte Suprema consideró suficiente que la renuncia del funcionario para quien la recurrente cumplía funciones exclusivas volvió innecesarios sus servicios. Estimó que esa razón objetiva estaba debidamente fundada.
¿Cuándo procede un recurso de protección contra la no renovación de un contrato a contrata?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección por considerar que el acto no era ilegal ni arbitrario, al estar motivado y dentro de las facultades de la autoridad. Por ello, no se acogió la alegación de vulneración de las garantías constitucionales invocadas.
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