La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por un funcionario municipa…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por un funcionario municipal a contrata, cuya renovación no fue realizada por la municipalidad tras más de diez años de servicio ininterrumpido. El tribunal consideró que, si bien el empleo a contrata es transitorio, la prolongada permanencia del trabajador generó una confianza legítima que obligaba a la administración a motivar adecuadamente la decisión de no renovar, conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880. Al carecer de dicha motivación, el acto fue calificado como ilegal y arbitrario, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución. En consecuencia, se ordenó remitir copia de lo actuado a la Contraloría General de la República.
Normas citadas
Ley N° 18.883
Ley N° 18.834
Ley N° 19.880
Artículo 2 de la ley N° 18.883
Artículo 11 de la ley N° 19.880
confianza legítimaempleo a contratamotivación de actos administrativoslímite de gasto en contratasprincipio de igualdadderecho laboraljurisprudencia administrativa
Preguntas frecuentes
¿Debe motivar la administración la decisión de no renovar a un funcionario a contrata con muchos años de servicio?
Sí. En este caso, la Corte Suprema sostuvo que, pese a ser transitorio, el empleo a contrata de larga permanencia generó una confianza legítima que obligaba a la municipalidad a motivar adecuadamente la no renovación, conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.
¿Cuándo es arbitraria la no renovación de un contrato a contrata en el sector municipal?
En este caso, la Corte Suprema calificó el acto como ilegal y arbitrario por carecer de motivación, lo que vulneró la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución. Además, ordenó remitir lo actuado a la Contraloría General de la República.
¿Procede el recurso de protección contra la decisión de una municipalidad de no renovar a un funcionario a contrata?
Sí. En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por un funcionario municipal a contrata cuya renovación no fue realizada tras más de diez años de servicio ininterrumpido.
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