Resumen del criterio jurisprudencial
La Tercera Sala de la Corte Suprema acoge un recurso de protección en contra de la decisión de la Administración de no renovar la contrata de un funcionario. El tribunal establece que para no renovar una contrata amparada en el principio de legítima confianza se requiere de un proceso previo de evaluación o sumario administrativo. El funcionario contaba con más de cinco años de desempeño, lo que genera expectativa legítima de continuidad. Se revoca la sentencia apelada y se ordena mantener vigente la contrata del recurrente, con pago de remuneraciones devengadas.