El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que impide el acceso a las penas sustitutivas. El tribunal, con prevención de uno de sus ministros, resolvió acoger parcialmente la impugnación. Para ello sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, que la política criminal corresponde al legislador dentro de los límites constitucionales y que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no crea un derecho subjetivo a dichas penas. Asimismo, descartó un trato discriminatorio que vulnere la igualdad ante la ley.
Normas citadas
artículo 248, inciso primero, letra c), de Código Procesal Penal
artículo 248, inciso final, de Código Procesal Penal
Tribunal ConstitucionalINADerecho Procesal PenalAcción PenalCierre de investigaciónPrincipio De CongruenciaArchivo provisionalMinisterio Publico
Preguntas frecuentes
¿Tiene derecho una persona condenada a acceder automáticamente a penas sustitutivas de la prisión en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las penas sustitutivas no operan de forma automática y que su concesión depende de las condiciones que fije la ley. Además, concluyó que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no crea un derecho subjetivo a dichas penas.
¿Puede el legislador impedir el acceso a penas sustitutivas por ciertos delitos sin vulnerar la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional afirmó que la política criminal corresponde al legislador, dentro de los límites constitucionales. Con ello, acogió parcialmente la impugnación contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216.
¿Vulnera la igualdad ante la ley la exclusión de ciertos condenados del acceso a penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional descartó que la norma impugnada produzca un trato discriminatorio que vulnere la igualdad ante la ley. Su decisión se fundó en que la política criminal es competencia del legislador.
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