Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo de una exdirectora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, cuyo cese fue producto de la petición de su renuncia. El dictamen reconoce su derecho a la indemnización de un mes por año de servicio que establece el Código del Trabajo, reconsiderando parcialmente un pronunciamiento anterior. En cuanto a los descuentos en sus remuneraciones por la prima de la póliza de fianza de fidelidad funcionaria, el organismo concluyó que no hubo irregularidad, pues la ley N° 10.336 y la ley N° 20.422 obligan a los directores regionales a rendir caución por la administración de bienes y recursos públicos. Respecto de la falta de entrega formal del cargo, señaló que la normativa aplicable no la exige, por lo que corresponde a la superioridad determinarla. Finalmente, constató que el acto de nombramiento de la interesada como directora regional titular no fue remitido para su registro, según la resolución N° 1.600, de 2008, ordenando subsanar esa omisión a la brevedad.