Resumen
En un juicio ejecutivo de desposeimiento promovido por una institución bancaria contra una sociedad agrícola, la ejecutada alegó en casación en el fondo errores de derecho sobre la prescripción de los pagarés, la falta de requisitos del título y la novación. La Corte Suprema rechazó el recurso, sin costas, al estimar que la sentencia impugnada no infringió las normas invocadas y que los jueces del grado aplicaron adecuadamente la ley al litigio. Por una parte, la interrupción de la prescripción mediante gestiones preparatorias y el procedimiento de quiebra no operaban como se pretendía, y no se configuró prescripción porque la notificación de la demanda se practicó dentro del plazo. Por otra, la Corte concluyó que los pagarés y sus prórrogas correspondían a créditos destinados a financiar exportaciones, y que por ello estaban exentos de impuestos conforme al numeral 11 del artículo 24 de la Ley de Timbres y Estampillas, lo que hacía improcedente la exención tributaria invocada por la recurrente.