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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra el Servicio de Vivienda y Urba…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que había denegado el acceso a expedientes de cinco sumarios administrativos iniciados y concluidos entre 2018 y 2019. El Consejo ordenó entregar copia de dichos expedientes, incluidas las resoluciones que aplicaron sanciones a los funcionarios, previa supresión de datos personales de contexto conforme a la Ley N° 19.628. Si alguno de los sumarios correspondía a un proceso por acoso laboral, debían reservarse además la identidad de denunciantes y testigos, y cualquier antecedente que permitiera identificarlos. La decisión se fundó en que el órgano no acreditó la causal de distracción indebida, al tratarse de procesos ya afinados. Se fijó un plazo de 20 días hábiles para cumplir y se previó contra la resolución el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGestión y administración territorial (Urbanismo)

Preguntas frecuentes

¿Puede un ciudadano acceder a los expedientes de sumarios administrativos de un servicio público una vez concluidos?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar copia de los expedientes de cinco sumarios ya concluidos, incluidas las resoluciones que aplicaron sanciones. El órgano había denegado el acceso y no acreditó la causal de distracción indebida, al tratarse de procesos ya afinados.

¿Qué datos deben protegerse al entregar expedientes de sumarios administrativos por una solicitud de transparencia?

El Consejo ordenó entregar los expedientes previa supresión de datos personales de contexto conforme a la Ley N° 19.628. Si un sumario correspondía a un proceso por acoso laboral, debían reservarse además la identidad de denunciantes y testigos y cualquier antecedente que permitiera identificarlos.

¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, la resolución previó contra ella el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Además, se fijó un plazo de 20 días hábiles para cumplir la orden de entrega.

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