La Ilustre Municipalidad de Santiago reclamó ante la Corte de Apelaciones de Santiago c…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Ilustre Municipalidad de Santiago reclamó ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra una resolución de la Superintendencia de Educación que le impuso una multa de 100 UTM al Internado Nacional Barros Arana por no aplicar correctamente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. La municipalidad sostuvo que la sanción se basó en una infracción meramente formal, al no existir denuncia formal ni estudiante identificado que justificara activar el protocolo, lo que vulneraría el principio de razonabilidad y el debido proceso. La Superintendencia respondió que el procedimiento se inició a partir de denuncias de apoderados y de un audio con expresiones discriminatorias hacia estudiantes con TEA. El tribunal rechazó el recurso y declaró que no hubo ilegalidad en la resolución impugnada, sin costas, al estimar que la infracción constatada está tipificada y sancionada conforme a la Ley N°20.529 y sus normas reglamentarias y circulares aplicables, y que la autoridad fiscalizadora actuó dentro de sus competencias legales.
Normas citadas
Ley N° 20.529
Circular N° 482, de 2018
Decreto Supremo N° 315
Resolución Exenta N° 2025
Artículo 85 de la Ley N° 20.529
Ley N° 19.070
Ley N° 21.545
DFL N° 2
protocolo de violencia escolarRICEmultas administrativasprincipio de razonabilidaddebido procesoeducación públicaTEAresponsabilidad objetiva
Preguntas frecuentes
¿Es válida una multa por infracción formal al procedimiento de convivencia escolar si no se identifica a un estudiante afectado?
En este caso, el tribunal estimó que la sanción no vulneró el principio de razonabilidad ni el debido proceso, pues la Superintendencia fundó el procedimiento en denuncias de apoderados y en un audio con expresiones discriminatorias hacia estudiantes con TEA.
¿Qué fundamentos puede usar la Superintendencia de Educación para iniciar un procedimiento sancionatorio contra un colegio por discriminación?
En este caso, la Corte sostuvo que el procedimiento se inició a partir de denuncias de apoderados y de un audio con expresiones discriminatorias, y que la autoridad fiscalizadora actuó dentro de sus competencias legales, sin imponer costas.
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