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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado por la…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado por la Municipalidad de Santiago, en su calidad de sostenedora de un liceo, contra la multa de 51 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación por no aplicar el protocolo específico de acoso escolar ante hechos de violencia estudiantil, que incluyeron amenazas con arma, agresión física y hostigamiento por redes sociales. El tribunal desestimó el recurso al constatar que la sostenedora se limitó a aplicar el protocolo de debido proceso, sin activar el protocolo de acoso escolar, y concluyó que la resolución impugnada se dictó conforme a la normativa educacional vigente, que los hechos quedaron acreditados en las actas de fiscalización y que el índice de vulnerabilidad del establecimiento no excluye la responsabilidad del sostenedor ni torna desproporcionada la sanción, pues el cumplimiento de los protocolos frente al acoso escolar es una obligación esencial sin distinción del contexto socioeconómico. En consecuencia, se rechazó el recurso de reclamación.

Normas citadas

  • Ley N° 20.529
  • DFL N° 2
  • Resolución Exenta N° 2023
  • Artículo 85 de la Ley N° 20.529
  • Decreto Supremo N° 315
  • Circular N° 482 de 2018
  • Resolución Exenta N° 2022
  • Circular N° 482
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Preguntas frecuentes

¿Se puede multar al sostenedor de un colegio por no activar el protocolo de acoso escolar?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de la Municipalidad de Santiago y confirmó la multa de 51 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación por no aplicar el protocolo específico de acoso escolar ante hechos de violencia estudiantil.

¿El índice de vulnerabilidad del establecimiento exime al sostenedor de responsabilidad por no aplicar protocolos de acoso escolar?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que el índice de vulnerabilidad del establecimiento no excluye la responsabilidad del sostenedor ni torna desproporcionada la sanción, pues el cumplimiento de los protocolos frente al acoso escolar es una obligación esencial sin distinción del contexto socioeconómico.

¿Basta con aplicar el protocolo de debido proceso para cumplir con la normativa educacional frente a casos de acoso escolar?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso al constatar que la sostenedora se limitó a aplicar el protocolo de debido proceso, sin activar el protocolo de acoso escolar, y concluyó que la resolución impugnada se dictó conforme a la normativa educacional vigente.

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