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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad deducido por la…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad deducido por la parte requirente en contra de diversos artículos del Código de Minería y de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, que regulan la imposición de servidumbres mineras. La requirente sostenía que dichas normas eran inconstitucionales. El Tribunal estimó que la impugnación recaía sobre un bloque normativo completo, lo que excede la naturaleza de la acción, y que la discusión sobre la naturaleza de la ampliación de servidumbre solicitada por una compañía minera corresponde apreciarla a la justicia ordinaria. Por ello concluyó que no existía una cuestión de constitucionalidad y desestimó la acción. Asimismo, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada y no condenó en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Código de Minería, artículos 109, 120, 121, 123, 124, 125, 234 y 235
  • Ley N° 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, artículo 8°
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Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable un bloque completo de artículos del Código de Minería sobre servidumbres mineras?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la impugnación recaía sobre un bloque normativo completo, lo que excede la naturaleza de la acción de inaplicabilidad, y por ello desestimó el requerimiento.

¿Quién debe decidir si una ampliación de servidumbre minera solicitada por una compañía minera se ajusta a la ley?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la discusión sobre la naturaleza de la ampliación de servidumbre solicitada por la compañía minera corresponde apreciarla a la justicia ordinaria.

¿Debe pagar costas quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?

En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar, aunque desestimó la acción por no existir cuestión de constitucionalidad.

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