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El Tribunal Constitucional rechazó en todas sus partes un requerimiento de inaplicabili…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó en todas sus partes un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por un particular contra diversos artículos del Código de Minería y de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, que regulan las servidumbres mineras. El requirente sostenía que dichas normas eran inconstitucionales. El Tribunal concluyó que impugnar un bloque normativo completo excede la naturaleza de la acción de inaplicabilidad, y que la controversia sobre si la ampliación de la servidumbre pedida por la compañía minera se rige por el Código de Minería o por el Código Civil corresponde resolverla a la justicia ordinaria, no al Tribunal. Por ello no existía una cuestión de constitucionalidad. Se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas al requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Código de Minería, artículos 109, 120, 121, 123, 124, 125, 234 y 235
  • Ley N° 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, artículo 8°
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Preguntas frecuentes

¿Procede una acción de inaplicabilidad contra un bloque completo de artículos del Código de Minería sobre servidumbres mineras?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que impugnar un bloque normativo completo excede la naturaleza de la acción de inaplicabilidad, y rechazó el requerimiento en todas sus partes.

¿Puede el Tribunal Constitucional resolver si una ampliación de servidumbre minera se rige por el Código de Minería o por el Código Civil?

No. En este caso, el Tribunal concluyó que esa controversia corresponde resolverla a la justicia ordinaria y no al Tribunal Constitucional, por lo que no existía una cuestión de constitucionalidad.

¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?

En este caso, no. El Tribunal no condenó en costas al requirente porque estimó que tuvo motivo plausible para litigar, y dejó sin efecto la suspensión del procedimiento.

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