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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de una norma de la Ley N° 19.886 y del artículo 294 bis del Código del Trabajo, que imponía una inhabilitación para contratar con el Estado de manera automática. El requirente sostenía que dicha sanción vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso. La parte final de la sentencia, sin embargo, resuelve rechazar el requerimiento, en un caso referido a concesiones mineras y a la potestad del Estado sobre las sustancias no concesibles, donde el tribunal concluye que el precepto procedimental impugnado no vulnera el derecho de propiedad. Asimismo, el tribunal deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en autos y no condena en costas a la parte requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 23
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 24
  • Constitución Política, artículo 19, inciso noveno, numeral 24
  • Constitución Política, artículo 19, inciso décimo, numeral 24
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 25
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAutoresCondenaControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyEfecto Horizontal De Los Derechos FundamentalesDerecho A La Proteccion De Datos Personales

Preguntas frecuentes

¿Un precepto procedimental puede vulnerar el derecho de propiedad en materia de concesiones mineras?

En este caso, el tribunal concluyó que el precepto procedimental impugnado no vulnera el derecho de propiedad. Lo resolvió en el contexto de concesiones mineras y de la potestad del Estado sobre sustancias no concesibles.

¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?

En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la parte requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar. Además, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en autos.

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