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La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que rech…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que rechazó una acción de cautela de garantías constitucionales deducida por una funcionaria municipal contra la Municipalidad de Coyhaique. La recurrente impugnaba el decreto que dispuso no renovar su contrata para 2025 y el decreto que rechazó su recurso de reposición, alegando vulneración del principio de confianza legítima. La Corte concluyó que no concurre dicho principio, pues la funcionaria prestaba servicios a contrata bajo la Ley N° 18.883 solo desde enero de 2023, período inferior a cinco años. Por ello, la Administración estaba facultada para no renovar el vínculo sin dictar un acto especial, y al no advertirse acto ilegal o arbitrario, la acción fue rechazada.

Normas citadas

  • Artículo 19 N° 2 Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N° 24 Constitución Política de la República
  • Artículo 20 Constitución Política de la República
  • Ley N° 18.883
  • Auto Acordado Corte Suprema sobre cautela de derechos
confianza legítimacontrata municipalno renovación de contratoderechos constitucionalesacción de cauteladiscrecionalidad administrativaLey 18.883período mínimo cinco años

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario a contrata municipal tiene derecho a la confianza legítima para exigir la renovación de su contrata?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no concurría el principio de confianza legítima, porque la funcionaria prestaba servicios a contrata bajo la Ley N° 18.883 desde enero de 2023, período inferior a cinco años. Por eso la Municipalidad podía no renovar el vínculo sin dictar un acto especial.

¿Procede la acción de protección contra la decisión de una municipalidad de no renovar una contrata?

En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo de la acción de cautela de garantías, al no advertir acto ilegal o arbitrario en el decreto que no renovó la contrata. La Corte consideró que la Administración estaba facultada para no renovar el vínculo.

¿Cuándo se entiende que la no renovación de una contrata municipal vulnera el principio de confianza legítima?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no se vulneraba ese principio, pues la funcionaria no tenía un período de servicios a contrata superior a cinco años. Así, la no renovación para 2025 se ajustó a la facultad de la Administración.

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