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La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por una funcionari…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata contra la Municipalidad de El Monte, por la no renovación de su vínculo laboral. La recurrente alegó vulneración de las garantías constitucionales de igualdad, libertad de trabajo y propiedad. La Corte determinó que la no renovación de un contrato de corta duración, incluso tras un período como funcionaria a contrata, no genera derecho a invocar el principio de legítima confianza. Se concluyó que el acto administrativo no fue arbitrario ni ilegal, ya que la administración puede prescindir de los servicios de funcionarios a contrata sin motivación específica cuando no existe renovación previa. Por ello, se rechazó la acción sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
  • Código del Trabajo
  • Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema
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Preguntas frecuentes

¿Una funcionaria a contrata municipal tiene derecho a que se le renueve su contrato por el principio de legítima confianza?

En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que la no renovación de un contrato de corta duración, incluso tras un período como funcionaria a contrata, no genera derecho a invocar la legítima confianza. Por eso rechazó el recurso de protección.

¿Puede una municipalidad no renovar el contrato de un funcionario a contrata sin expresar motivos?

En este caso, la Corte concluyó que el acto no fue arbitrario ni ilegal, porque la administración puede prescindir de funcionarios a contrata sin motivación específica cuando no existe renovación previa. Se rechazó la acción de protección sin costas.

¿Procede un recurso de protección por no renovación de contrato municipal alegando igualdad, libertad de trabajo y propiedad?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso que invocaba las garantías de igualdad, libertad de trabajo y propiedad, al estimar que la no renovación no vulneraba esas garantías. La decisión se fundó en que el acto administrativo no era arbitrario ni ilegal.

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