Resumen del criterio jurisprudencial
Melanie Fabiola Soto Barrera, funcionaria municipal a contrata de la Municipalidad de Ancud, dedujo acción de protección en contra de la municipalidad por la no renovación de su contrata para el año 2025, comunicada mediante correo electrónico del 31 de diciembre de 2024 y formalizada en el Decreto Alcaldicio N° 590 de 29 de noviembre de 2024. La recurrente alegó que el acto constituía una actuación arbitraria e ilegal que vulneraba sus derechos a la igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad sobre su cargo y remuneraciones. La funcionaria acreditó nueve años de vínculo con la municipalidad, seis renovaciones sucesivas de contrata, calificaciones en lista de distinción durante los últimos cinco años y ausencia de sanciones disciplinarias. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la acción de protección, dejando sin efecto los decretos alcaldicios N° 590 y su notificación, ordenando el reintegro inmediato de la recurrida a sus funciones y el pago de todas las remuneraciones, bonos, asignaciones y prestaciones laborales devengadas desde el cese, con reajustes e intereses.