Se trata de un recurso de protección interpuesto por un asistente social que se desempe…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
Se trata de un recurso de protección interpuesto por un asistente social que se desempeñaba a contrata en la Municipalidad de Puerto Montt, en el sector rural, tras haber prestado servicios por más de ocho años. La administración decidió no renovar su contrata para el año siguiente, sin causa justificada ni procedimiento previo. La Corte acogió el recurso por estimar que la no renovación fue ilegal, por contrariar la normativa aplicable, y arbitraria, por afectar los derechos laborales del funcionario sin fundamentación suficiente. En consecuencia, ordenó la reincorporación del trabajador a sus funciones y el pago de las remuneraciones que le correspondan desde su separación. No se condenó en costas a la municipalidad por estimar que existió motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Artículo 19 de la Constitución Política de la República
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Decreto Alcaldicio N°14.522 de 30 de diciembre de 2024
confianza legítimacontrata municipalno renovaciónrecurso de protecciónderechos fundamentalesadministración públicaestabilidad laboralarbitrariedad
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad dejar de renovar la contrata de un funcionario sin expresar causa ni seguir un procedimiento previo?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección por estimar que la no renovación de la contrata fue ilegal, por contrariar la normativa aplicable, y arbitraria, por afectar los derechos laborales del funcionario sin fundamentación suficiente.
¿Qué puede ordenar la Corte Suprema cuando una municipalidad no renueva ilegalmente la contrata de un funcionario?
En este caso, la Corte ordenó la reincorporación del trabajador a sus funciones y el pago de las remuneraciones que le correspondan desde su separación.
¿Se condena en costas a una municipalidad que pierde un recurso de protección laboral?
En este caso, la Corte no condenó en costas a la municipalidad, porque estimó que existió motivo plausible para litigar.
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