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La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de protección presentado por…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de protección presentado por un funcionario municipal contra la Municipalidad de Puerto Montt, a raíz de la no renovación de su contrata tras un desempeño prolongado y continuo. El tribunal razonó que los funcionarios a contrata con funciones extendidas en el tiempo están protegidos por el principio de confianza legítima, de modo que la Administración no puede poner término al vínculo mediante una simple no renovación anual, sino que debe fundarse en el sistema de calificaciones o en un sumario administrativo. La invocación genérica de restricciones presupuestarias, sin justificación específica ni acceso a los antecedentes, fue considerada insuficiente, por lo que el acto se estimó ilegal y arbitrario, vulnerando los derechos laborales del recurrente. En consecuencia, se ordenó su reincorporación a sus funciones y el pago de las remuneraciones correspondientes desde el momento de su separación, sin condena en costas por existir motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Ley N° 18.883
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.834
  • Artículo 10 de la Ley N° 18.834
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 11 de la Ley N° 19.880
  • Artículo 87 de la Ley N° 18.883
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Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio no renovar la contrata de un funcionario con años de servicio sin más trámite?

En este caso, la Corte de Apelaciones sostuvo que no: tratándose de funcionarios a contrata con funciones extendidas en el tiempo, la Administración no puede terminar el vínculo con una simple no renovación anual, sino que debe fundarse en el sistema de calificaciones o en un sumario administrativo.

¿Basta invocar restricciones presupuestarias para no renovar una contrata municipal?

En este caso, la Corte estimó que la invocación genérica de restricciones presupuestarias, sin justificación específica ni acceso a los antecedentes, es insuficiente y torna el acto ilegal y arbitrario.

¿Qué protege el principio de confianza legítima a los funcionarios a contrata?

En este caso, la Corte razonó que los funcionarios a contrata con funciones extendidas en el tiempo están protegidos por el principio de confianza legítima, por lo que la Administración no puede poner término al vínculo mediante una simple no renovación anual.

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