Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta de una ex funcionaria municipal que pedía acceso al bono de la ley N° 20.305, luego de cesar en sus funciones al obtener una pensión de invalidez a los 55 años. El dictamen concluyó que la recurrente no tiene derecho al beneficio, porque el artículo quinto transitorio de la ley solo contempla como causales de desvinculación la renuncia voluntaria, la pensión de vejez, la supresión del empleo y la aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo, y la jubilación por invalidez no está entre ellas. Además, la tasa de reemplazo líquida calculada por la Superintendencia de Pensiones alcanzó un 67,34%, superior al 55% máximo que fija la ley, lo que también impide el acceso al bono, sin que corresponda a la Contraloría revisar ese cálculo. El organismo transcribió el pronunciamiento a la Contraloría Regional de Antofagasta.