La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una exfuncion…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una exfuncionaria de la Superintendencia de Seguridad Social, quien pretendía acceder al bono establecido en la ley N° 20.305 pese a haber cesado en sus funciones por declaración de vacancia por salud irrecuperable en 1995 y recibir una pensión de invalidez. El organismo recordó que el artículo 1° de dicha ley otorga la bonificación al personal que, a la fecha de su entrada en vigencia el 1 de enero de 2009, desempeñara un cargo de planta o a contrata en los organismos que indica. Asimismo, precisó que el artículo 12 se refiere a quienes se encontraban en funciones a esa fecha y obtuvieron posteriormente una pensión de invalidez, sin contemplar a quienes se pensionaron con anterioridad. Por ello, concluyó que la recurrente no tiene derecho al bono, criterio consistente con el dictamen N° 50.304, de 2013.
Normas citadas
Ley 20305 art/1 inc/1
ley 20305 art/12
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Tiene derecho al bono de la ley 20.305 quien cesó en su cargo antes de 2009 por vacancia por salud irrecuperable?
No. En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la exfuncionaria no tiene derecho al bono, porque el artículo 1° de la ley 20.305 lo otorga a quienes desempeñaban un cargo de planta o a contrata a la fecha de entrada en vigencia de la ley, el 1 de enero de 2009.
¿El artículo 12 de la ley 20.305 permite el bono a quienes se pensionaron por invalidez antes de 2009?
No. En este caso, el organismo precisó que el artículo 12 alcanza a quienes estaban en funciones a esa fecha y obtuvieron después una pensión de invalidez, sin contemplar a quienes se pensionaron con anterioridad.
¿Cuál es el criterio de la Contraloría sobre el bono de la ley 20.305 para exfuncionarios pensionados por invalidez?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el bono requiere estar en funciones a la entrada en vigencia de la ley, criterio consistente con su dictamen N° 50.304, de 2013.
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