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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración presen…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración presentada por un exempleado municipal respecto del oficio que le negó el bono de la ley N° 20.305. El recurrente alegó que no pudo postular oportunamente al beneficio porque la municipalidad no le entregó el formulario respectivo. El órgano contralor confirmó su decisión, señalando que el interesado no cumple los requisitos copulativos exigidos por la ley, pues a la fecha de entrada en vigencia de la norma (1 de enero de 2009) no se desempeñaba en un organismo comprendido en ella, y sus servicios discontinuos en diversas entidades públicas, sumados al 5 de diciembre de 2008, no alcanzan los 20 años exigidos. Se complementó el oficio impugnado y se ordenó su transcripción a la Municipalidad de Porvenir y a las C.R.V. y de Magallanes.

Normas citadas

  • ley 20305 art/1 inc/1
  • ley 20305 art/2 num/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un exfuncionario municipal obtener el bono de la ley 20.305 si no postuló porque la municipalidad no le entregó el formulario?

En este caso, la Contraloría General de la República desestimó la reconsideración y confirmó que no procedía el bono, porque el interesado no cumplía los requisitos copulativos de la ley. La falta de entrega del formulario no fue considerada suficiente para otorgar el beneficio.

¿Qué requisitos exige la ley 20.305 para acceder al bono, según la Contraloría?

En este caso, el órgano contralor sostuvo que la ley exige cumplir requisitos copulativos, entre ellos desempeñarse en un organismo comprendido en la norma a la fecha de su entrada en vigencia. También requiere completar 20 años de servicios, y los servicios discontinuos en distintas entidades públicas no bastaron para alcanzar ese tiempo.

¿Se suman servicios discontinuos en distintas entidades públicas para cumplir los 20 años que exige la ley 20.305?

En este caso, la Contraloría concluyó que los servicios discontinuos prestados en diversas entidades públicas, sumados a un periodo previo, no alcanzaban los 20 años exigidos por la ley. Por eso confirmó la negativa al bono.

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