La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Secretaría…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes a aceptar la solicitud de reemplazo de un taxi básico, cuya inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros había sido cancelada por exceder la antigüedad máxima permitida. El dictamen recuerda que el artículo 73 bis de la ley de tránsito fija un plazo de 18 meses, contado desde la cancelación del vehículo, para materializar y acreditar el reemplazo. Constató que la cancelación ocurrió el 31 de diciembre de 2008, por lo que el plazo venció el 30 de junio de 2010, y que la solicitud fue presentada después de ese término. Por ello, desestimó los argumentos del interesado basados en el desconocimiento de la normativa y concluyó que no existían reproches de legalidad contra la decisión administrativa reclamada.
Normas citadas
Dto 212/92 mintt art/73 bis
dto 212/92 mintt art/2
dto 212/92 mintt art/3 inc/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo para reemplazar un taxi básico cuya inscripción fue cancelada por exceder la antigüedad máxima?
En este caso, la Contraloría General de la República recordó que el artículo 73 bis fija un plazo de 18 meses, contado desde la cancelación del vehículo, para materializar y acreditar el reemplazo. Ese plazo venció antes de que se presentara la solicitud.
¿El desconocimiento de la normativa de reemplazo de taxis permite pedir que se acepte una solicitud presentada fuera de plazo?
En este caso, la Contraloría desestimó los argumentos del interesado basados en el desconocimiento de la normativa. Concluyó que no existían reproches de legalidad contra la negativa de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes.
¿Qué sucede si un taxista presenta la solicitud de reemplazo después de vencido el plazo legal?
En este caso, la Contraloría constató que la solicitud fue presentada después del término legal, por lo que la negativa de la autoridad fue considerada ajustada a derecho. El dictamen no encontró ilegalidad en esa decisión administrativa.
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