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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase del artículo 125, numeral 1), tercer párrafo, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, según la cual la denuncia así formulada constituye presunción de haberse cometido la infracción. El requerimiento se acogió. La Corte concluyó que esa presunción administrativa otorga a la denuncia un valor probatorio que predetermina el proceso judicial, invierte la carga de la prueba y obliga al denunciado a desvirtuar los hechos sin una investigación administrativa previa que garantice su defensa. Por ello, la norma vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo del artículo 19, N° 3, inciso sexto, de la Constitución, así como la presunción de inocencia, y no puede aplicarse en el caso concreto.

Normas citadas

  • artículo 63, letra b), de Ley N° 27.798
  • artículo 113, de Ley N° 27.798
  • artículo 15, de Ley N° 18.246
  • artículo 47, de Código Civil
  • artículo 1712, de Código Civil
  • artículo 426, de Código de Procedimiento Civil
  • artículo 7, inciso primero, de Código de Procedimiento Civil
  • artículo 427, de Código de Procedimiento Civil
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaIgualdad Ante La LeyPrincipio De TipicidadEfectos De Las ObligacionesTribunales De Justicia

Preguntas frecuentes

¿Puede una denuncia administrativa constituir por sí sola una presunción de haberse cometido una infracción en materia de pesca y acuicultura?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la frase del artículo 125, numeral 1), de la Ley General de Pesca y Acuicultura que atribuye ese efecto a la denuncia no puede aplicarse. Sostuvo que otorga a la denuncia un valor probatorio que predetermina el proceso.

¿Vulnera la presunción de inocencia que la ley invierta la carga de la prueba en un procedimiento sancionador administrativo de pesca?

Sí, según este fallo. El Tribunal Constitucional resolvió que la norma invierte la carga de la prueba y obliga al denunciado a desvirtuar los hechos sin una investigación administrativa previa que garantice su defensa, lo que vulnera la presunción de inocencia y el derecho a un procedimiento racional y justo.

¿Qué derecho constitucional se considera afectado cuando una norma sancionatoria exige al denunciado desvirtuar una denuncia sin investigación previa?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que se afecta el derecho a un procedimiento racional y justo del artículo 19, N° 3, inciso sexto, de la Constitución. Por ello declaró que la norma no puede aplicarse en el caso concreto.

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