Resumen
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por una sociedad agrícola, ganadera y forestal contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado su reclamación contra la resolución de la Dirección General de Aguas que mantuvo el listado de derechos de aguas afectos al pago de patente por no uso. La recurrente alegaba infracción de normas constitucionales, procesales y del Código de Aguas, sosteniendo que existían obras de captación, que la visita de verificación fue extemporánea y que la fiscalización debía realizarla personal público y no una empresa privada. El tribunal estimó que la valoración de la prueba se ajustó a la ley y que la contratación de la empresa privada mediante licitación pública es válida conforme al artículo 105 de la Ley 19.886, sin que se infringieran los artículos 7 de la Constitución, 41 de la Ley 18.575 ni 300 del Código de Aguas, pues el Director General de Aguas mantiene su competencia y responsabilidad. Se dejó constancia de una prevención del ministro suplente, que concurrió al rechazo excluyendo una expresión del considerando séptimo.