La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por una socieda…
Sentencia · Corte Suprema · 2022
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por una sociedad agrícola contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había rechazado su reclamación contra la Dirección General de Aguas (DGA). La reclamante buscaba que se eliminaran de la resolución que fijó el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a patente por no uso para el cobro de 2020 dos numerales, sosteniendo que sus obras de captación estaban operativas. Denunció la infracción de los artículos 346 N° 3 y 425 del Código de Procedimiento Civil por no valorar fotografías y dar plena prueba al informe de la DGA. El tribunal estimó que el acto administrativo goza de presunción de legalidad conforme al artículo 3° de la Ley N° 19.880, carga que la reclamante no logró desvirtuar, y que la censura se dirigía a la ponderación de la prueba, facultad privativa de los jueces del fondo, no revisable en casación sin denuncia eficaz de infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
Normas citadas
Artículo 137 del Código de Aguas
Artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil
Artículo 425 del Código de Procedimiento Civil
Artículo 3° de la Ley N° 19.880
Artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil
Artículos 8, 9, 26, 32 y 129 bis 9 del Código de Aguas
aguasCorte Suprema
Preguntas frecuentes
¿Es revisable en casación en el fondo la forma en que el tribunal valoró fotografías e informes técnicos de la DGA?
En este caso, la Corte Suprema estimó que la censura apuntaba a la ponderación de la prueba, facultad privativa de los jueces del fondo, y que no se denunció eficazmente infracción a las leyes reguladoras de la prueba, por lo que el recurso fue rechazado.
¿Qué efecto tiene la presunción de legalidad de un acto administrativo al impugnarlo ante los tribunales?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la resolución de la DGA se presume legal conforme al artículo 3° de la Ley N° 19.880, carga que la reclamante no logró cumplir para desvirtuarla.
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