Resumen del criterio jurisprudencial
Carlos Ariztía Irarrázabal interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado su reclamo contra la Resolución Exenta D.G.A. Nº 851 de 23 de marzo de 2010, la cual le imponía el pago de una patente anual por un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas sin uso. El recurrente alegó vulneración de los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil, de los artículos 1698, 1700 y 1706 del Código Civil, y de normas constitucionales, sosteniendo que el pago de la patente constituía una sanción que debía probarse más allá de toda duda razonable. Además, acusó transgresión de los artículos 129 bis 5 y 129 bis 9 del Código de Aguas, así como de los artículos 19 y 21 del Código Civil y del artículo 19 N°3 de la Constitución. La Corte Suprema analizó los argumentos y consideró que la Dirección General de Aguas había actuado dentro de su competencia y que no existía prueba suficiente de infracción. Con base en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, la Corte rechazó el recurso de casación. La decisión fue redactada por el Ministro Guillermo Silva Gundelach y firmada por los Ministros Nibaldo Segura P. y Guillermo Silva G., entre otros integrantes de la Primera Sala.