El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra el Hospital Guillermo Grant Be…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, que había negado el acceso a información sobre contrataciones de servicios médicos. Se ordenó entregar las resoluciones que regularizan y aprueban los tratos directos, los montos pagados y el detalle de los pagos a cada profesional, correspondientes al período entre enero de 2019 y julio de 2021. El Consejo estimó que se trata de información pública, que no se configuró la hipótesis especial de reserva del artículo 15 de la Ley de Transparencia ni se acreditó la causal de distracción indebida de funciones invocada por el órgano. Dispuso tarjar los datos personales de contexto, conforme al principio de divisibilidad, y remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
Ley N° 18.575
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Las resoluciones que aprueban contrataciones de servicios médicos por trato directo en un hospital público son información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que sí se trata de información pública y ordenó entregar las resoluciones que regularizan y aprueban los tratos directos, junto con los montos pagados a cada profesional. Además, descartó que se configurara la reserva especial del artículo 15 de la Ley de Transparencia.
¿Un órgano de la Administración del Estado puede negar el acceso a información sobre pagos a profesionales alegando distracción indebida de funciones?
En este caso, el Consejo acogió el amparo porque el órgano no acreditó la causal de distracción indebida de funciones que invocó para negar el acceso. Por ello, ordenó la entrega de los antecedentes solicitados.
¿Qué ocurre con los datos personales cuando se entrega información pública sobre pagos a funcionarios o profesionales?
En este caso, el Consejo dispuso tarjar los datos personales de contexto, aplicando el principio de divisibilidad, de modo que el resto de la información sí fuera entregada. Además, remitió los antecedentes a la Contraloría General de la República.
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