Una corredora de reaseguros interpuso un reclamo de ilegalidad contra dos resoluciones…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
Una corredora de reaseguros interpuso un reclamo de ilegalidad contra dos resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que suspendieron sus actividades, alegando que el organismo actuó fuera de su competencia y vulneró el principio de legalidad al interpretar contratos privados, además de considerar la medida desproporcionada. La CMF fundó la suspensión en la falta de acreditación de domicilio y pagos, y en la necesidad de proteger la fe pública y el mercado de seguros. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo con costas, concluyendo que las resoluciones se dictaron conforme a la ley, dentro de las atribuciones de la CMF, y respetando los principios de legalidad y proporcionalidad, pues la medida se basó en el incumplimiento de obligaciones administrativas y en criterios técnicos y jurídicos.
Normas citadas
Resolución Exenta N° 7932
Ley N° 21.000
Resolución Exenta N° 9248
Ley N° 3.538
Decreto Ley N° 3.538
Ley N° 19.880
Artículo 70 de la Ley N° 21.000
Código de Procedimiento Civil
reclamo de ilegalidadsuspensión de actividadescorredor de reasegurosprincipio de legalidadproporcionalidadComisión para el Mercado Financieroderecho administrativo sancionador
Preguntas frecuentes
¿Puede la Comisión para el Mercado Financiero suspender a una corredora de reaseguros por no acreditar su domicilio y pagos?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que la CMF actuó dentro de sus atribuciones al suspender a la corredora, porque la medida se fundó en el incumplimiento de obligaciones administrativas como la acreditación de domicilio y de pagos, respetando los principios de legalidad y proporcionalidad.
¿Excede la CMF su competencia si interpreta contratos privados para sancionar a una corredora de seguros?
En este caso, el tribunal rechazó el argumento de que la CMF se hubiera excedido al interpretar contratos privados, sosteniendo que las resoluciones se basaron en criterios técnicos y jurídicos propios de sus facultades de supervisión.
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