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El Tribunal Calificador de Elecciones acogió parcialmente la reclamación de un candidat…

Sentencia · Tribunal Calificador de Elecciones · 2026

Resumen

El Tribunal Calificador de Elecciones acogió parcialmente la reclamación de un candidato a alcalde contra la resolución del Servicio Electoral que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisión grave. Se levantaron dos observaciones relativas a boletas de honorarios, al acreditarse que las fechas cuestionadas no correspondían a su emisión. Se mantuvieron las observaciones sobre gastos de arrendamiento de vehículos y publicidad que superaban las 30 UF por proveedor, por falta del informe previo exigido por la ley, y un gasto de propaganda digital no declarado. Aun con el levantamiento, los gastos rechazados representaron el 33,99% del total, superando el umbral del 20% que configura omisión grave, por lo que se confirmó el rechazo de la cuenta y se denegó el reembolso.

Normas citadas

  • Ley N° 19.884
  • Artículo 50 de la Ley N° 19.884
  • Artículo 2 de la Ley N° 19.884
TRICELjusticia electoralReclamación

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se considera omisión grave en la cuenta de ingresos y gastos de una campaña electoral municipal?

En este caso, el Tribunal Calificador de Elecciones confirmó el rechazo de la cuenta porque, aun levantando dos observaciones, los gastos rechazados sumaron el 33,99% del total, superando el umbral del 20% que configura omisión grave. Por eso también se denegó el reembolso.

¿Se puede corregir la cuenta de gastos electorales si una boleta de honorarios aparece con fechas que no corresponden a su emisión?

En este caso, el Tribunal acogió la reclamación respecto de dos observaciones sobre boletas de honorarios, al acreditarse que las fechas cuestionadas no correspondían a su emisión, y las levantó.

¿Qué ocurre con los gastos de arrendamiento de vehículos o publicidad que superan las 30 UF por proveedor sin informe previo?

En este caso, el Tribunal mantuvo las observaciones sobre arrendamiento de vehículos y publicidad que superaban las 30 UF por proveedor, por falta del informe previo exigido por la ley. También mantuvo la observación por un gasto de propaganda digital no declarado.

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