La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que se pronuncia sobre…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que se pronuncia sobre la responsabilidad derivada del uso indebido de fondos de la ley N° 20.248 por parte de la Corporación Comunal de Desarrollo Social de Quinta Normal. Se determinó que la alcaldesa de dicha municipalidad no está obligada a ejercer la acción penal por los hechos, ya que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales solo le impone el deber de denunciar los delitos de que tome conocimiento, sin exigirle accionar penalmente. En cuanto a la responsabilidad civil, se resolvió que corresponde al Ministerio de Educación perseguirla, pues fue ese organismo quien transfirió directamente los fondos a la corporación, debiendo exigir la rendición de cuentas y gestionar la restitución de los recursos si no se acredita su correcta inversión.
Normas citadas
dfl 1/3063/80 Inter art/12
pol art/6
pol art/7
ley 18575 art/2
ley 18575 art/52
ley 18695 art/40 inc/fin
ley 18883 art/58 lt/k res 759/2003 contr num/5/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Está obligado un alcalde a ejercer la acción penal cuando hay uso indebido de fondos en una corporación municipal?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que la alcaldesa no está obligada a ejercer la acción penal, porque el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales solo le impone el deber de denunciar los delitos de que tome conocimiento, sin exigirle accionar penalmente.
¿Quién debe perseguir la responsabilidad civil por el mal uso de fondos transferidos a una corporación municipal?
En este caso, la Contraloría resolvió que corresponde al Ministerio de Educación perseguir la responsabilidad civil, pues fue ese organismo quien transfirió directamente los fondos a la corporación.
¿Qué debe hacer el organismo que transfirió fondos si no se acredita su correcta inversión?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el Ministerio de Educación debe exigir la rendición de cuentas y gestionar la restitución de los recursos si no se acredita su correcta inversión.
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