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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por un trabajador extranj…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por un trabajador extranjero contra una AFP, que había denegado su solicitud de retiro de fondos previsionales. El trabajador alegó arbitrariedad e ilegalidad, pero la AFP exigió el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156, que requiere acreditar cobertura de seguridad social en el extranjero mediante documentación legalizada o apostillada. El recurrente presentó una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sin las formalidades exigidas. La Corte confirmó que la AFP actuó conforme a derecho, pues la exigencia es legal y la documentación aportada no cumplió con los requisitos. Además, señaló que, aunque la situación consular con Venezuela dificulta el trámite, no lo hace imposible, ya que puede realizarse en consulados de otros países o por vía electrónica. Por lo tanto, no hubo ilegalidad ni arbitrariedad, y se rechazó el recurso.

Normas citadas

  • Ley 18156 art. 1
  • Ley 18156 art. 7
  • Ley 20255 art. 47
  • Decreto Ley 3500 art. 94
  • Decreto con Fuerza de Ley 101 art. 3
Recurso de protecciónAdministradoras de Fondos de Pensiones (AFP)Retiro de fondos previsionalesAusencia de acto ilegal o arbitrarioPrevisionalActo motivadoIncumplimiento de requisitos legalesNegativa de devolución de fondos previsionales a trabajador extranjero

Preguntas frecuentes

¿Es suficiente una constancia electrónica de una institución extranjera de seguridad social para acreditar la cobertura previsional en el extranjero?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no basta, ya que el documento no cumplió con las formalidades de legalización o apostille que exige la ley. Por eso se rechazó el recurso de protección.

¿La dificultad consular para tramitar la legalización de documentos extranjeros justifica dejar sin efecto la exigencia legal para retirar fondos previsionales?

En este caso, la Corte Suprema reconoció que la situación consular dificulta el trámite, pero señaló que no lo hace imposible, pues puede realizarse en consulados de otros países o por vía electrónica. Por ello, la exigencia no se consideró ilegal ni arbitraria.

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