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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por un trabajador extranj…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por un trabajador extranjero contra una AFP que denegó su solicitud de retiro de fondos previsionales. El recurrente acompañó una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pero no cumplió con la exigencia de apostillado o legalización del certificado de afiliación a un régimen de seguridad social extranjero, requisito establecido en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 y en la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. El máximo tribunal confirmó la sentencia apelada, considerando que la AFP actuó conforme a la ley y sin arbitrariedad, pues el trabajador no satisfizo los requisitos legales. Además, señaló que, pese a las dificultades derivadas del término de relaciones consulares con Venezuela, el trámite de apostilla no es imposible de cumplir, pudiendo realizarse en consulados de países vecinos o mediante terceros.

Normas citadas

  • Decreto con Fuerza de Ley 101 art. 3
  • Ley 18156 art. 1
  • Ley 18156 art. 7
  • Ley 20255 art. 47
  • Decreto Ley 3500 art. 94
Recurso de protecciónAdministradoras de Fondos de Pensiones (AFP)Retiro de fondos previsionalesAusencia de acto ilegal o arbitrarioPrevisionalActo motivadoIncumplimiento de requisitos legalesNegativa de devolución de fondos previsionales a trabajador extranjero

Preguntas frecuentes

¿El término de relaciones consulares con Venezuela impide cumplir con el requisito de apostilla para acreditar afiliación previsional extranjera en Chile?

En este caso, la Corte Suprema señaló que, pese a las dificultades derivadas del término de relaciones consulares, el trámite de apostilla no es imposible, pudiendo realizarse en consulados de países vecinos o mediante terceros.

¿Una constancia electrónica emitida por una institución de seguridad social extranjera basta para acreditar afiliación ante una AFP en Chile?

En este caso, la Corte Suprema consideró que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no bastaba, porque no cumplió la exigencia de apostillado o legalización establecida en la Ley N°18.156 y la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

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