Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente, un trabajador extranjero, solicitó a la AFP recurrida el retiro de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. La AFP rechazó la solicitud por no cumplir con los requisitos de legalización de la documentación extranjera, específicamente la constancia de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El recurrente interpuso un recurso de protección alegando que el rechazo era arbitrario e ilegal y vulneraba sus garantías constitucionales. La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, rechazando el recurso. Sostuvo que la AFP actuó conforme a la ley y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Además, señaló que las dificultades diplomáticas con Venezuela no hacen imposible el cumplimiento de los requisitos, pues existen medios alternativos para la legalización. Por lo tanto, no se vulneraron las garantías constitucionales del recurrente.