Resumen del criterio jurisprudencial
El Tribunal Constitucional, en su resolución, establece como Ratio Decidendi que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad debe cumplir con el requisito esencial de la existencia de una gestión judicial pendiente, entendida esta como un procedimiento no concluido y en el cual la norma impugnada pueda tener aplicación decisiva para la resolución del caso. En este sentido, se determinó que, en el caso concreto, no se cumple con dicho requisito, ya que la gestión judicial en cuestión no tiene la aptitud necesaria para que una eventual declaración de inaplicabilidad surta efectos, considerando que el procedimiento incidental relacionado con el cumplimiento de la sentencia ya se encontraba en una etapa en la que no podía ser afectado por la acción deducida. Asimismo, el Tribunal señala que la naturaleza del control concreto de inaplicabilidad exige que la norma impugnada sea relevante en la resolución del asunto sub lite, lo que no ocurre en este caso. Como Obiter Dicta, el Tribunal reitera su jurisprudencia previa, según la cual, cuando un requerimiento adolece de vicios o defectos que hacen imposible su prosperidad, resulta inconducente realizar un examen previo de admisibilidad, procediendo directamente a declarar su inadmisibilidad, citando diversos precedentes como los roles N°s 1890, 1878, 1860, entre otros. Además, se enfatiza que la expresión 'gestión pendiente' debe interpretarse en su sentido natural y obvio, como un procedimiento judicial no concluido, y que la acción de inaplicabilidad tiene como objetivo evitar la aplicación de normas legales específicas en dicho contexto, lo que permite dimensionar los efectos reales de la norma impugnada en el caso concreto.