El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra Carabi…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra Carabineros de Chile, al considerar que la solicitud de explicar por qué esa institución no utiliza pistolas taser no constituye una petición de acceso a información pública, sino el ejercicio del derecho de petición, materia que escapa a su competencia. El Consejo señaló que el recurrente podrá formular en el futuro una solicitud de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Transparencia, requiriendo la entrega de un acto, documento o antecedente específico, y eventualmente interponer un nuevo amparo si se cumplen los presupuestos legales. La decisión fue adoptada por unanimidad y contra ella procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Una solicitud que pide explicar por qué una institución no adopta cierta medida es una solicitud de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que pedir una explicación sobre por qué Carabineros no utiliza pistolas taser constituye el ejercicio del derecho de petición, y no una solicitud de acceso a información pública, por lo que escapa a su competencia y declaró inadmisible el amparo.
¿Qué debe hacer una persona si quiere obtener información de un organismo público y su solicitud fue declarada inadmisible como derecho de petición?
En este caso, el Consejo indicó que el recurrente puede formular una solicitud de acceso a la información pública que requiera un acto, documento o antecedente específico, y eventualmente presentar un nuevo amparo si se cumplen los requisitos legales.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, la decisión, adoptada por unanimidad, admite reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, conforme a la Ley de Transparencia.
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