La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad del certificado…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad del certificado de regularización de un inmueble otorgado al amparo de la Ley N° 20.563, que regula bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social. El solicitante acompañó una declaración jurada que acreditaba el funcionamiento de la empresa desde febrero de 2012 y una planimetría que indicaba que la edificación no superaba los 250 metros cuadrados, límite establecido por la ley. La Contraloría determinó que la verificación de los supuestos para la regularización corresponde a la Administración activa y que no se advierten reproches a lo actuado por la Dirección de Obras Municipales. Sin embargo, respecto a la denuncia sobre terrazas abalconadas que afectarían la privacidad del peticionario, se constató que una parte de la edificación no regularizada supera los 3,5 metros de altura, infringiendo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por lo que el municipio deberá adoptar medidas para regularizar esa situación e informar a la Contraloría en un plazo de 20 días.
Normas citadas
ley 20563 art/1
ley 20563 art/2
ley 20563 art/3
ley 20563 art/5
dto 47/92 VIVIE art/2/6/2 num/2
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener el certificado de regularización de un inmueble bajo la Ley N° 20.563?
En este caso, la Contraloría General de la República indicó que el solicitante acreditó mediante declaración jurada el funcionamiento de la empresa desde 2012 y una planimetría que mostraba una edificación menor al límite de 250 metros cuadrados establecido por la ley. La verificación de estos supuestos corresponde a la Administración activa.
¿La Contraloría puede revisar si la Dirección de Obras Municipales verificó correctamente los supuestos para regularizar una construcción?
En este caso, la Contraloría determinó que la verificación de los supuestos para la regularización corresponde a la Administración activa y que no advirtió reproches a lo actuado por la Dirección de Obras Municipales. Sin embargo, constató que parte de la edificación no regularizada superaba los 3,5 metros de altura, infringiendo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
¿Qué sucede si una parte de una construcción no regularizada infringe la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones?
En este caso, la Contraloría constató que una parte de la edificación no regularizada, con terrazas abalconadas, superaba los 3,5 metros de altura y ordenó que el municipio adopte medidas para regularizar esa situación. El municipio debe informar a la Contraloría en un plazo de 20 días.
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