Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó los amparos presentados contra la Armada de Chile, en los que el recurrente solicitaba la nómina y número de oficiales, gente de mar y personal institucional incluidos en listas de calificación y retiros del año 2012. Se estimó que la información, complementada con otros antecedentes, podría permitir determinar la dotación actual de la Armada, afectando la seguridad nacional y la defensa del país, por lo que debe reservarse según la Ley de Transparencia y el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. Además, las actas de las J.S.A., de donde se extraería la información, son secretas, conforme a decisiones previas del Consejo. Se desestimó la alegación de la Armada de que los requerimientos constituían ejercicio del derecho de petición.