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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la expresión "en forma absoluta" del artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, por vulnerar el derecho a defensa y el debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución. Se estimó que dicho estándar restrictivo impide a los tribunales ponderar las circunstancias de cada caso al suspender audiencias de personas privadas de libertad, afectando la comunicación con el defensor, la inmediación y el control de la prueba. No obstante, se rechazó el requerimiento en lo relativo a la exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos, por ser una decisión razonable del legislador en materia de política criminal, sin que ello resultara discriminatorio.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 7, letra c), párr. 1
  • Constitución Política, artículo 93, inciso primero, numeral 9
Tribunal ConstitucionalINADeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La Protección De La Vida PrivadaDerechos Implicitos

Preguntas frecuentes

¿Afecta la Ley 21.226 el derecho a defensa de personas privadas de libertad al restringir la comunicación con el defensor y el control de la prueba?

Sí, según este fallo. El Tribunal Constitucional estimó que la restricción absoluta afecta la comunicación con el defensor, la inmediación y el control de la prueba, lo que vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

¿Es constitucional excluir de penas sustitutivas a ciertos delitos según la Ley 21.226?

Según este fallo, sí. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento en esa parte, al considerar que la exclusión es una decisión razonable del legislador en materia de política criminal y que no resulta discriminatoria.

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