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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando constitucional el artículo 46, inciso segundo, N° 8, de la Ley N° 20.600, que impide interponer recursos procesales contra la sentencia definitiva de la Corte de Apelaciones en el procedimiento de indemnización de perjuicios por daño ambiental. La mayoría sostuvo que el derecho al recurso no es absoluto y que la apelación satisface las exigencias del debido proceso, permitiendo un examen amplio de la sentencia de primera instancia. El legislador tiene facultad para diseñar el sistema recursivo según las necesidades del procedimiento, buscando celeridad y eficacia. Se descartó vulneración a la igualdad ante la ley, ya que la norma se aplica uniformemente a ambas partes. Los ministros redactores fueron los que suscriben la sentencia.

Normas citadas

  • artículo 46, inciso segundo, numeral 8, frase "parte final", de Decreto Ley N° 1.094
  • artículo 51, de Código Civil
  • artículo 53, inciso primero, de Ley N° 19.260
  • artículo 2, letra f), de Ley N° 19.260
  • artículo 3, de Ley N° 19.260
  • artículo 52, de Ley N° 19.260
  • artículo 54, de Ley N° 19.260
  • artículo 63, de Ley N° 19.260
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la pena

Preguntas frecuentes

¿El legislador puede diseñar el sistema de recursos de manera distinta según el tipo de procedimiento?

En este caso, el Tribunal Constitucional afirmó que el legislador tiene facultad para diseñar el sistema recursivo según las necesidades del procedimiento, buscando celeridad y eficacia. Por ello, la restricción de recursos en el procedimiento de indemnización por daño ambiental fue considerada legítima.

¿Una norma que limita los recursos vulnera la igualdad ante la ley si se aplica por igual a ambas partes?

En este caso, el Tribunal Constitucional descartó la vulneración de la igualdad ante la ley, porque la norma se aplica uniformemente a demandante y demandado. Por eso, la limitación de recursos no fue considerada discriminatoria.

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