El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad en ciertos delitos. La parte requirente argumentaba que dicha restricción vulneraba la igualdad ante la ley, el debido proceso y la proporcionalidad de las penas. El Tribunal, en cambio, sostuvo que la exclusión no es discriminatoria, pues responde a finalidades constitucionalmente legítimas, como el mandato constitucional de control de armas, y que el legislador puede establecer tratos diferenciados fundados en la Constitución. Además, señaló que suprimir estas modalidades de ejecución satisface el principio de legalidad y no constituye un trato arbitrario, ya que la parte requirente no acreditó un test de igualdad adecuado.
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Preguntas frecuentes
¿La ley puede excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos sin vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la exclusión no es discriminatoria, porque responde a finalidades constitucionalmente legítimas, como el mandato constitucional de control de armas. Además, señaló que el legislador puede establecer tratos diferenciados fundados en la Constitución, y que la parte requirente no acreditó un test de igualdad adecuado.
¿Es inconstitucional que la ley impida aplicar penas sustitutivas a la privación de libertad en determinados delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la restricción no es inconstitucional. Sostuvo que suprimir estas modalidades de ejecución satisface el principio de legalidad y no constituye un trato arbitrario.
¿Cuándo se acoge un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1° de la Ley N° 18.216?
En este caso, el requerimiento fue rechazado, porque la parte requirente alegaba vulneración de la igualdad ante la ley, el debido proceso y la proporcionalidad de las penas, pero el Tribunal no compartió esos argumentos ni consideró acreditada la discriminación alegada.
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