La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una trabajadora en co…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una trabajadora en contra de otra persona por vulneración de su derecho de propiedad, debido a que el vehículo de la recurrente fue rematado y adjudicado al recurrido, quien no realizó los trámites de inscripción, manteniéndose la recurrente como titular registral y recibiendo multas y cobros de TAG. La Corte estimó que no se demostró una acción arbitraria o ilegal que justificara la intervención constitucional, pues el incumplimiento administrativo del recurrido no constituye una omisión arbitraria o ilegal que afecte un derecho indubitado. En consecuencia, se rechazó el recurso sin costas.
Normas citadas
Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República
Artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República
Auto Acordado artículos 1º, 3º y 7º
acción de protecciónderecho de propiedadvehículo rematadoinscripción registralarbitrariedadgarantías constitucionales
Preguntas frecuentes
¿Procede un recurso de protección si el comprador de un vehículo rematado no inscribió la transferencia y la titular registral recibe multas y cobros de TAG?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso porque no se demostró una acción u omisión arbitraria o ilegal que justificara la intervención constitucional. El incumplimiento administrativo del adjudicatario en la inscripción no fue considerado una omisión que afecte un derecho indubitado de propiedad.
¿Qué requisitos debe cumplir el recurso de protección por vulneración del derecho de propiedad?
La Corte Suprema sostuvo que, para acoger un recurso de protección, debe acreditarse una acción u omisión arbitraria o ilegal que afecte un derecho indubitado. En este caso, no se acreditó tal acción, por lo que el recurso fue rechazado sin costas.
¿Puede la titular registral de un vehículo recurrir de protección contra quien lo adjudicó en un remate sin inscribirlo?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto contra el adjudicatario, estimando que su incumplimiento administrativo no constituye una omisión arbitraria o ilegal. Por ello, no se acogió la pretensión de la recurrente, quien seguía figurando como titular registral.
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