La Corte de Apelaciones de Santiago conoció una acción de protección interpuesta por el…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció una acción de protección interpuesta por el propietario de un vehículo que había sido robado con violencia y recuperado con sus placas patentes cambiadas. El recurrente reclamó que el Servicio de Registro Civil e Identificación le exigía documentos que ya obraban en su poder, lo que dilataba la entrega de las placas y afectaba su libertad de circulación, garantizada por el artículo 19 N° 24 de la Constitución. La Corte acogió el recurso, por estimar que la solicitud había permanecido casi siete meses sin resolución, que el organismo no impulsó de oficio el procedimiento y que no dictó una decisión dentro del plazo de seis meses de la Ley 19.880. En consecuencia, declaró que las acciones y omisiones del Servicio fueron arbitrarias, y ordenó entregar al recurrente las placas patentes de su vehículo.
Normas citadas
Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
acción de protecciónarbitrariedad administrativalibertad de circulaciónregistro civilplacas patentesrobo con violenciaderecho constitucionalgarantías fundamentales
Preguntas frecuentes
¿Puede interponerse una acción de protección si el Registro Civil demora injustificadamente la entrega de placas patentes de un vehículo?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción de protección porque la solicitud permaneció casi siete meses sin resolución, el organismo no impulsó de oficio el procedimiento y no decidió dentro del plazo de seis meses de la Ley 19.880. Declaró arbitrarias esas omisiones y ordenó entregar las placas al recurrente.
¿Afecta a la libertad de circulación la demora del Servicio de Registro Civil en entregar placas patentes de un vehículo recuperado?
Según este fallo, la demora en entregar las placas de un vehículo recuperado con placas cambiadas afectó la libertad de circulación garantizada por el artículo 19 N° 24 de la Constitución. La Corte consideró que esa afectación justificaba la protección.
¿Qué plazo tiene la Administración para resolver una solicitud y qué consecuencias tiene su incumplimiento?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó como referencia el plazo de seis meses de la Ley 19.880 para resolver. Consideró que el Servicio no dictó decisión dentro de ese plazo y que esa omisión, junto con la falta de impulso de oficio, fue arbitraria.
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