La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta formulada por la…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta formulada por la Municipalidad de Quilicura, relativa a la procedencia de una autorización especial para rendir gastos de subvenciones ante la Superintendencia de Educación fuera de los plazos legales. El organismo concluyó que no le corresponde emitir pronunciamiento al respecto, pues la revisión de las rendiciones es una potestad propia de la Superintendencia, quien debe ponderar los antecedentes para determinar si procede la reapertura excepcional de su plataforma. Además, advirtió que la consulta fue formulada por una funcionaria no facultada, debiendo efectuarse por el jefe de servicio.
Normas citadas
ley 20248 art/1
ley 20248 art/7
dto 235/2008 EDUCA art/25
ley 20529 art/49 lt/b
ley 20529 art/54 inc/1
dto 469/2013 EDUCA art/3 inc/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría puede autorizar a un municipio a rendir fuera de plazo los gastos de subvenciones escolares ante la Superintendencia de Educación?
En este caso, la Contraloría concluyó que no le corresponde pronunciarse, porque revisar las rendiciones es una potestad propia de la Superintendencia de Educación, que debe ponderar los antecedentes para decidir si reabre excepcionalmente su plataforma.
¿Quién puede formular una consulta a la Contraloría sobre rendiciones de subvenciones educacionales?
En este caso, la Contraloría advirtió que la consulta fue formulada por una funcionaria no facultada, por lo que debió efectuarse por el jefe de servicio.
¿Cuál es el organismo competente para evaluar la reapertura de la plataforma de rendición de subvenciones fuera de los plazos legales?
En este caso, la Contraloría sostuvo que corresponde a la Superintendencia de Educación evaluar los antecedentes y decidir si procede la reapertura excepcional de su plataforma de rendición.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.