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La Contraloría General de la República, en un dictamen que complementa uno anterior, se…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2024

Resumen

La Contraloría General de la República, en un dictamen que complementa uno anterior, se pronuncia sobre la obligación de los organismos públicos al contratar o renovar la contratación, o al nombrar, promover o ascender a una persona inscrita como deudor en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Dado que el Registro no indica el monto mensual de la pensión, la Administración debe requerir al interesado, junto con la autorización para retener y pagar directamente las futuras pensiones, los antecedentes fidedignos que acrediten dicho monto, como la copia de la resolución judicial. Si el alimentante no otorga la autorización o no adjunta los antecedentes, no podrá concretarse la contratación, renovación, nombramiento, promoción o ascenso. La retención se practicará desde los primeros emolumentos, sin necesidad de aprobación judicial.

Normas citadas

  • Ley 14908 art/36 inc/5
  • ley 14908 art/23
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Qué debe hacer un organismo público si quiere contratar a una persona inscrita en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos?

La Contraloría señala que, como el Registro no indica el monto mensual de la pensión, el organismo debe requerir al interesado una autorización para retener y pagar directamente las futuras pensiones, junto con antecedentes fidedignos que acrediten el monto, como copia de la resolución judicial.

¿Qué pasa si el alimentante inscrito en el Registro no otorga la autorización de retención o no adjunta los antecedentes requeridos?

En este dictamen, la Contraloría concluye que, si el interesado no otorga la autorización o no adjunta los antecedentes, no podrá concretarse la contratación, renovación, nombramiento, promoción o ascenso.

¿Desde cuándo y sin aprobación judicial se practica la retención de pensiones de alimentos en un empleo público?

Según este dictamen, la retención se practica desde los primeros emolumentos que perciba el funcionario, sin necesidad de aprobación judicial.

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