Resumen
La Contraloría General de la República, en un dictamen que complementa uno anterior, se pronuncia sobre la obligación de los organismos públicos al contratar o renovar la contratación, o al nombrar, promover o ascender a una persona inscrita como deudor en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Dado que el Registro no indica el monto mensual de la pensión, la Administración debe requerir al interesado, junto con la autorización para retener y pagar directamente las futuras pensiones, los antecedentes fidedignos que acrediten dicho monto, como la copia de la resolución judicial. Si el alimentante no otorga la autorización o no adjunta los antecedentes, no podrá concretarse la contratación, renovación, nombramiento, promoción o ascenso. La retención se practicará desde los primeros emolumentos, sin necesidad de aprobación judicial.