Resumen
La Contraloría General de la República rechazó las alegaciones de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile en contra de la sanción de amonestación severa que se le aplicó. El dictamen concluyó que la sanción se ajustó a derecho, al encontrarse acreditada su responsabilidad en los hechos indagados y no estar prescrita la responsabilidad administrativa. Se determinó que los hechos constitutivos de delito (cohecho y falsificación de documento público) hacen que la acción disciplinaria prescriba conjuntamente con la penal, cuyo plazo es de diez años desde la comisión de la conducta (10 de noviembre de 2009), plazo que se encuentra vigente, sin que la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento incida en ello.