La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exonerado…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exonerado político que buscaba obtener una pensión no contributiva de antigüedad. El organismo determinó que el recurrente no cumple con los requisitos para acceder a dicha pensión, ya que no acredita el período mínimo de afiliación exigido por la ley N° 19.234. Sin embargo, al haber cumplido 65 años de edad, puede solicitar una pensión no contributiva de vejez ante el Instituto de Previsión Social, siempre que su bono de reconocimiento no esté consumido en algún beneficio del sistema de capitalización individual del decreto ley N° 3.500. Se ordenó la transcripción del dictamen a las entidades correspondientes.
Normas citadas
ley 19234 art/6
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un exonerado político acceder a la pensión de antigüedad de la ley 19.234 si no acredita el período mínimo de afiliación?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que el recurrente no cumple los requisitos para la pensión no contributiva de antigüedad, porque no acredita el período mínimo de afiliación exigido por la ley N° 19.234.
¿Qué alternativa tiene un exonerado político que no cumple los requisitos de la pensión de antigüedad de la ley 19.234 y ya cumplió 65 años?
En este caso, el organismo señaló que, al haber cumplido 65 años, el solicitante puede pedir una pensión no contributiva de vejez ante el Instituto de Previsión Social, siempre que su bono de reconocimiento no esté consumido en un beneficio del sistema de capitalización individual del decreto ley N° 3.500.
¿Afecta el uso del bono de reconocimiento la posibilidad de obtener una pensión no contributiva de vejez para exonerados políticos?
Según este dictamen, sí: la pensión no contributiva de vejez procede siempre que el bono de reconocimiento no esté consumido en algún beneficio del sistema de capitalización individual del decreto ley N° 3.500.
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