El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido contra el Servicio de Evaluac…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido contra el Servicio de Evaluación Ambiental y ordena la entrega de copia de los antecedentes vinculados a un sumario administrativo instruido a raíz de un oficio de la Contraloría General de la República. Se estima que la información requerida es de naturaleza pública conforme a la Constitución y a la Ley de Transparencia, y que no se acreditaron las causales de reserva invocadas, pues el sumario solo estaba pendiente de toma de razón. La entrega debe realizarse aplicando el principio de divisibilidad para resguardar la vida privada y el debido cumplimiento de las funciones del órgano, permitiendo el control social de la función pública. Se apercibe con las sanciones legales ante el incumplimiento.
Normas citadas
Ley N° 19.628
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.834
Ley N° 18.575
DFL N° 29
Resolución exenta N° 2025991011041
Oficio Ord. N° 2025991021126
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Es pública la información de un sumario administrativo que aún está pendiente de toma de razón en Chile?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la información es de naturaleza pública y que no se acreditaron las causales de reserva invocadas, pues el sumario solo estaba pendiente de toma de razón. Por eso acogió el amparo y ordenó su entrega.
¿Qué es el principio de divisibilidad en el acceso a información pública y cuándo se aplica?
En este caso, el Consejo ordenó entregar los antecedentes aplicando el principio de divisibilidad, de modo que se resguarden la vida privada y el debido cumplimiento de las funciones del órgano. La información reservada se protege sin impedir la entrega del resto.
¿Qué consecuencias tiene para un servicio público no entregar la información solicitada por transparencia?
En este caso, el Consejo acogió el amparo contra el Servicio de Evaluación Ambiental y le apercibió con las sanciones legales en caso de incumplimiento de la orden de entrega. La decisión busca permitir el control social de la función pública.
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