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La Contraloría General de la República dictaminó que no procede el reembolso de gastos…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que no procede el reembolso de gastos solicitado por un funcionario, quien pidió que se le devolvieran los desembolsos efectuados para solventar su propia defensa judicial en una causa derivada de una actuación funcionaria de data pretérita. El organismo señaló que el derecho contemplado en el artículo 90 del Estatuto Administrativo implica una obligación del servicio de asumir la defensa del afectado, pero no el pago en dinero de lo ya gastado. Además, el interesado no impetró oportunamente dicho derecho, privando a la autoridad de analizar los antecedentes o iniciar una investigación para determinar la procedencia del beneficio y la forma de otorgarlo. La declaración jurada presentada no altera la conclusión, pues se mantuvo en el ámbito privado sin dar inicio a un procedimiento administrativo. Por ello, se rechazó lo requerido.

Normas citadas

  • ley 18834 art/90 inc/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario público pedir el reembolso de los gastos que pagó por su propia defensa judicial según el artículo 90 del Estatuto Administrativo?

En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no procede el reembolso de los gastos. Sostuvo que el artículo 90 obliga al servicio a asumir la defensa del funcionario, pero no a pagar en dinero lo que este ya gastó.

¿Qué ocurre si el funcionario no solicita oportunamente el beneficio de defensa del artículo 90 del Estatuto Administrativo?

En este caso, el organismo señaló que el interesado no lo impetró oportunamente, lo que impidió a la autoridad analizar los antecedentes o iniciar una investigación para determinar su procedencia. Por eso se rechazó lo requerido.

¿Una declaración jurada presentada por el funcionario permite obtener el reembolso de gastos de defensa judicial?

En este caso, la Contraloría concluyó que no, porque la declaración jurada se mantuvo en el ámbito privado y no dio inicio a un procedimiento administrativo. Por ello no alteró el rechazo del reembolso.

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